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Título:

Los derechos de las victimas en el proceso penal colombiano / Eduardo Matyas Camargo

Pié de imprenta: Bogotá : Corporación Universitaria Republicana, 2012.
Descripción: 21 cm.
ISSN: 1909-4450.
En: Revista RepublicanaNo. 12 (Enero-Junio de 2012) pp. 17-41
Resumen: A partir de la creación de la corte constitucional en la carta de 1991, se da inicio a una línea jurisprudencial tendiente a ampliar la participación y fines de las víctimas en el proceso en el penal. La jurisprudencia inicialmente hizo referencia al derecho a constituirse en parte civil y a tener una amplia participación en el proceso penal en busca de la reparación integral de los términos que legalizaban la ley. Estos pronunciamientos se erigieron en vigencia del sistema mixto de juzgamiento, instaurado con la creación de la Fiscalía General de la Nación, como órgano persecutor del delito, aún con funciones judiciales, y de parte en la siguiente etapa de juzgamiento a cargo de un juez de conocimiento. Sin embargo, para entonces la corte constitucional avanzó en el reconocimiento de que el proceso penal no se puede limitar a procesar a los posibles autores o participen en las conductas punibles, y a que la víctima concurría allí al restablecimiento de sus derechos pecuniarios. La corte desarrolló entonces su planteamiento de que la víctima concurre al proceso con el propósito no solo del resarcimiento económico sino, principalmente en busca de que se establezca la verdad y se imparta justicia, que son además fines constitucionales del proceso penal en un estado social de Derecho. Se impuso legal y jurisprudencialmente el deber del estado de citar y tener en cuanta a la víctima en el desarrollo del proceso penal, quien en el sistema mixto se constituía a través de la figura llama parte civil, y en el sistema penal acusatorio, como víctima y representación a través de abogado, participación que es necesaria, y en ocasiones obligatoria, como cuando hay menores víctimas; y también cuando se toman decisiones que podrían afectar sus derechos, como el principio de oportunidad, los preacuerdos, la preclusión, y el incidente de reparación cuya oportunidad se ha relegado una vez quede ejecutoriada la sentencia. Hoy los derechos de las víctimas en el proceso penal tienen no solo un arraigo constitucional sino un entronque en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el desarrollo del derecho de los derechos humanos, a través de la Convención Americana y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Analítica de Revista Analítica de Revista Biblioteca Central
Revistas Revista Republicana No. 12 Ej. 1 Disponible

A partir de la creación de la corte constitucional en la carta de 1991, se da inicio a una línea jurisprudencial tendiente a ampliar la participación y fines de las víctimas en el proceso en el penal.
La jurisprudencia inicialmente hizo referencia al derecho a constituirse en parte civil y a tener una amplia participación en el proceso penal en busca de la reparación integral de los términos que legalizaban la ley. Estos pronunciamientos se erigieron en vigencia del sistema mixto de juzgamiento, instaurado con la creación de la Fiscalía General de la Nación, como órgano persecutor del delito, aún con funciones judiciales, y de parte en la siguiente etapa de juzgamiento a cargo de un juez de conocimiento.
Sin embargo, para entonces la corte constitucional avanzó en el reconocimiento de que el proceso penal no se puede limitar a procesar a los posibles autores o participen en las conductas punibles, y a que la víctima concurría allí al restablecimiento de sus derechos pecuniarios. La corte desarrolló entonces su planteamiento de que la víctima concurre al proceso con el propósito no solo del resarcimiento económico sino, principalmente en busca de que se establezca la verdad y se imparta justicia, que son además fines constitucionales del proceso penal en un estado social de Derecho.
Se impuso legal y jurisprudencialmente el deber del estado de citar y tener en cuanta a la víctima en el desarrollo del proceso penal, quien en el sistema mixto se constituía a través de la figura llama parte civil, y en el sistema penal acusatorio, como víctima y representación a través de abogado, participación que es necesaria, y en ocasiones obligatoria, como cuando hay menores víctimas; y también cuando se toman decisiones que podrían afectar sus derechos, como el principio de oportunidad, los preacuerdos, la preclusión, y el incidente de reparación cuya oportunidad se ha relegado una vez quede ejecutoriada la sentencia.
Hoy los derechos de las víctimas en el proceso penal tienen no solo un arraigo constitucional sino un entronque en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el desarrollo del derecho de los derechos humanos, a través de la Convención Americana y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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